Es conocido que el gobernador de Tucumán, general-doctor Alejandro Heredia, fue asesinado por un grupo de jinetes armados a la altura de Lules, cuando viajaba en coche rumbo a su finca de La Arcadia. Esto ocurrió el 11 de noviembre de 1838, y causó en la ciudad una enorme conmoción. Heredia mandaba la provincia desde 1832, tras el triunfo de Facundo Quiroga sobre la Liga del Interior en la Ciudadela.
Al día siguiente del crimen, la Sala de Representantes, presidida por el doctor Marco Manuel de Avellaneda, nombró gobernador “en calidad de provisorio”, a Juan Bautista Bergeire. Cuatro días más tarde, ingresó a la Sala la renuncia presentada por Bergeire. En su reemplazo, se eligió al coronel José María Valladares, quien juró el 18 de noviembre y pronunció una arenga en la que manifestó –dice el acta- “los sentimientos patrióticos que lo animaban a favor de su país”. Pero el 20, la Sala eligió gobernador a don Bernabé Piedrabuena. Es decir que el gobierno de Valladares duró escasamente dos días.
A pesar de esta brevedad, Valladares presentó en febrero de 1839 a la Sala, una solicitud que fue desechada y sobre cuyo contenido no informa el acta. Pero sí expresa que, acto seguido, un diputado propuso que, “en atención a los distinguidos servicios que ha prestado el mencionado Valladares y los perjuicios que ha sufrido por ellos, se le acuerde oportunamente una suma que en algún tanto los indemnice”. Cabe preguntarse qué perjuicios eran los que invocaba.
En esas actuaciones, Valladares era llamado “señor general” en lugar de coronel, que parecía ser su grado en 1838. No sabemos lo que resolvió finalmente el Gobierno respecto a este curioso resarcimiento.